A días de publicarse en el Boletín Oficial la resolución que establece un nuevo protocolo de seguridad, el titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, Pablo Pimentel, se sumó a las críticas contra la medida impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“Es una atraso increíble. No tiene ni rango de decreto, es una resolución ministerial que va en contra de la Constitución, del Código Penal, del Código Procesal, de todos los acuerdos internacionales que Argentina nunca incumplió”, cuestionó el referente del organismo en diálogo con MD.
La normativa establece que los agentes federales podrán disparar a delincuentes en fuga y sin dar la voz de alto, entre otras modificaciones. Cosechó críticas de todo el arco político opositor, y de miembros de la propia alianza gobernante de Cambiemos (entre ellos, Elisa Carrió y referentes de la UCR), al igual que de organizaciones de derechos humanos.
Según Pimentel el vuelco del gobierno hacia medidas de mano dura responde a que “este modelo económico de ajuste no cierra sin represión, por eso necesitaban legalizarlo con una resolución”.
“Viene a legalizar algo que ya se está haciendo que es el gatillo fácil: matar por la espalda. Tenemos un montón de casos en estos años, como (el mapuche asesinado por Prefectura de un disparo por la espalda) Rafael Nahuel y de Rodolfo Orellana en Ciudad Evita”, denunció.
El filtro de la justicia
A la polémica desatada y las críticas recibidas, se sumaron las presentaciones judiciales para impedir la puesta en práctica de la resolución. En capital federal la disposición fue frenada por la justicia porteña, tras la presentación realizada por Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y la dirigente de Izquierda, Myriam Bregman.
En el territorio bonaerense, sin embargo, la medida aún no fue prohibida aunque la provincia deberá adherirse al protocolo para aplicarlo. En ese sentido, Pimentel agregó: “va a haber que presentar amparos en todos lados para que esto no se lleve a cabo. Seguramente haya jueces éticos que respetan la ley y la constitución y no da lugar”.
Y cerró: “responde al pedido de algún sector de la ciudadanía que, sin medir las consecuencias, pide mano dura por el tema de la inseguridad. Pero no saben estos sectores que ese pedido de mano dura puede caerle a cualquiera. Es peligrosísimo”.
